La batería conserva el 70 % de su capacidad. ¿Sigue cumpliendo con tu proyecto?

La respuesta suele empezar con una curva de degradación y una garantía de capacidad. Un porcentaje, un plazo y, aparentemente, una certeza: al cabo de diez años, la batería conservará al menos el 70 % de su capacidad.

Pero para saber qué significa ese dato en un proyecto hay que seguir leyendo. ¿Cómo se verifica ese porcentaje? ¿Qué uso admite la garantía? Y, sobre todo, ¿la capacidad que queda será suficiente para prestar el servicio que justificó la inversión?

Son preguntas distintas, y confundirlas puede dejar un riesgo importante fuera del análisis.

Qué mide una garantía de capacidad

En las condiciones de garantía de un fabricante al que llamaré A, para sus equipos comerciales de 30 y 50 kW, la capacidad residual se verifica a 25 °C, con una tolerancia de un grado, mediante carga y descarga constantes a 0,2C, sobre módulos balanceados y con medición en corriente continua. Un segundo fabricante, B, establece condiciones similares para una de sus líneas: módulo individual, 25 °C con una tolerancia de dos grados y carga y descarga a 0,2C.

Esa precisión es necesaria. Para comparar una medición con otra hace falta un procedimiento reproducible. El problema aparece cuando tomamos ese resultado como una descripción de lo que ocurrirá en la planta.

Una batería que recorta picos puede entregar mucha potencia durante periodos breves. Una destinada a respaldo puede pasar meses esperando un corte. Otra que sustituye generación diésel puede trabajar con descargas profundas y temperaturas variables. Cada una tendrá una historia de operación diferente, aunque las tres se compren con una garantía que destaque el mismo porcentaje de capacidad residual.

Por eso, antes de incorporar la curva del fabricante al modelo del proyecto, hay que entender qué representa: cómo se mide la capacidad, bajo qué condiciones se garantiza y hasta dónde esas condiciones corresponden al uso previsto.

Esa revisión puede cambiar la evaluación de aplicaciones que, sobre el papel, parecen encajar perfectamente con una batería.

Dos condiciones que conviene aclarar antes de comprar

En los tres documentos públicos de garantía que pude revisar completos encontré dos ejemplos especialmente relevantes para Latinoamérica. En una línea del fabricante B, la garantía de rendimiento está condicionada a un uso de aproximadamente un ciclo diario y excluye expresamente el subuso. También exige una instalación interior climatizada entre 15 y 35 °C. Para una batería destinada principalmente a respaldo, o a recortar picos unas pocas horas al mes, esa condición merece aclararse antes de comprar.

En el caso del fabricante A, las condiciones quedan sin efecto si el sistema opera de manera predominante o permanente en modo isla, sin conexión a la red ni a un sistema de respaldo. Si el proyecto busca sustituir un generador diésel, esa cláusula obliga a revisar la configuración prevista y a confirmar por escrito su cobertura.

Estos ejemplos no permiten juzgar a todo un fabricante, mucho menos al mercado. Sí muestran por qué la garantía debe revisarse junto con la estrategia de operación. Una aplicación comercialmente atractiva puede no estar contemplada en las condiciones del producto elegido.

Años, ciclos y energía acumulada: la cobertura termina con el primero

La misma lectura hace falta con la duración de la cobertura. El plazo en años suele compartir protagonismo con otro límite: los ciclos o la energía acumulada que puede procesar la batería. La garantía termina cuando se alcanza el primero.

El fabricante A, por ejemplo, establece doce años o 6.000 ciclos completos, con un 70 % de capacidad residual. El fabricante C garantiza el 70 % de la energía del sistema durante diez años o hasta alcanzar el límite de energía acumulada indicado en su tabla, lo que ocurra antes.

Para un modelo de 15,36 kWh de este último fabricante, la tabla recoge 49,05 MWh. Dividir esa energía por la capacidad nominal da aproximadamente 3.190 ciclos equivalentes, mientras que el folleto comercial anuncia 6.000 ciclos. Esa cuenta no describe por sí sola toda la vida de la batería, pero sí deja una distinción importante: el dato de ciclos del catálogo y el límite de energía cubierto por la garantía no son intercambiables.

Si el modelo económico supone un uso intensivo durante diez años, hay que comprobar que la cobertura no se agote antes.

Qué recibe el propietario cuando reclama

Incluso cuando una pérdida de capacidad da derecho a reclamar, queda otra cuestión: qué recibe el propietario y qué costes siguen siendo suyos.

En los documentos revisados, el fabricante puede elegir entre distintas soluciones, como sustituir componentes por otros nuevos o usados, aportar capacidad adicional o compensar económicamente la diferencia según el valor de mercado del momento. Recuperar capacidad, además, no equivale necesariamente a recuperar el resultado económico que se perdió mientras el sistema rendía menos de lo previsto.

El fabricante A excluye expresamente los ahorros perdidos y el lucro cesante, así como el reembolso de mano de obra y transporte. El fabricante C limita su responsabilidad total al precio de compra. El cliente también debe acreditar la pérdida de capacidad mediante el procedimiento exigido; si hay una discrepancia que requiere un laboratorio independiente, puede tener que adelantar el coste del ensayo.

Lo que mide el contrato, según el mercado

La garantía es, por tanto, una parte de la protección del proyecto. Para entender qué riesgo queda en manos del propietario hay que compararla con las obligaciones y los ingresos del activo.

Y ahí el análisis cambia según el mercado.

En el caso brasileño recogido en esta revisión, el contrato de capacidad exige una eficiencia de ida y vuelta mínima del 85 % en el punto de medición durante quince años, y vincula la remuneración fija a la disponibilidad. En España, el esquema descrito remunera potencia firme, con obligaciones de disponibilidad en horas de estrés y pruebas periódicas. En Colombia, para el almacenamiento adjudicado como activo de red, la disponibilidad considera tanto la potencia como la energía útil disponible, y la eficiencia debe mantenerse durante la vida útil operativa.

El caso de Puerto Rico hace especialmente visible la diferencia entre conservar un porcentaje de capacidad y cumplir una obligación de servicio. Para un sistema de 100 MW y 400 MWh, el regulador exigió retirar las cláusulas de reducción progresiva de energía disponible y mantener los 400 MWh durante veinte años, sustituyendo o ampliando componentes cuando fuera necesario.

En un proyecto con esa obligación, conocer la degradación prevista es apenas el comienzo. Después hay que decidir cómo se mantendrá la energía comprometida, cuándo habrá que intervenir y quién pagará esa intervención.

Cuando no hay contrato: el ahorro y la arquitectura del equipo

En las instalaciones comerciales e industriales, esa misma discusión suele aparecer de una forma menos visible. Cuando el valor del sistema depende del ahorro del usuario y no de un contrato plurianual de disponibilidad, la pérdida de rendimiento se manifiesta en la factura. Puede que no haya una penalización contractual, pero sí un ahorro menor al previsto. Y ese ahorro, como muestran las exclusiones anteriores, puede quedar fuera de la garantía.

Resolverlo exige conocer también la arquitectura del equipo. En un sistema de gran escala puede planificarse la incorporación de capacidad a lo largo de la vida del proyecto. En muchos equipos comerciales, en cambio, el producto es un armario cerrado con un número fijo de packs: ampliar capacidad supone instalar otros armarios en paralelo. Sustituir un pack es una operación de mantenimiento distinta, con sus propios requisitos de compatibilidad y sincronización del estado de carga.

Hay fabricantes que anuncian diseños más flexibles, capaces de combinar packs nuevos y antiguos o de ampliar capacidad de manera independiente. Si el proyecto depende de esa posibilidad, conviene que quede documentada como una prestación del equipo contratado.

Comprar más capacidad desde el principio tampoco resuelve automáticamente el problema. La capacidad que permanece ociosa envejece por calendario y tiene un coste desde el primer día. La conveniencia de sobredimensionar depende del servicio: mantener varias horas de autonomía plantea una necesidad distinta de cubrir picos breves de potencia.

Como referencia, la ficha de almacenamiento comercial del NREL de 2022 incorpora en sus costes de operación y mantenimiento dos aumentos de capacidad, equivalentes al 20 % de las celdas, en los años 10 y 20. Es una hipótesis de ese modelo, pero ilustra algo que debería aparecer en cualquier evaluación: mantener las prestaciones a lo largo del tiempo requiere una estrategia y un presupuesto.

Las preguntas antes de firmar

Por eso, antes de firmar, intentaría dejar respondidas estas seis preguntas:

1. ¿Cómo se mide la capacidad garantizada y qué relación tiene esa medición con el servicio que necesita mi instalación?
2. Con el uso previsto, ¿qué límite alcanzaré primero: los años de cobertura, los ciclos o la energía acumulada?
3. ¿La garantía admite expresamente mi modo de operación, incluidos los periodos de poco uso o el funcionamiento en isla?
4. Si la capacidad cae por debajo de lo garantizado, ¿qué solución puede ofrecer el fabricante y qué costes quedan a mi cargo?
5. ¿Cómo se comprobará esa pérdida de capacidad, quién conservará los registros y quién pagará una eventual disputa?
6. ¿Qué potencia, energía útil y eficiencia necesita mantener el proyecto para cumplir sus compromisos o producir el ahorro esperado?

La respuesta a la pregunta inicial no está solo en la curva del fabricante. Está en la relación entre esa curva, la garantía, la operación prevista y las prestaciones que sostienen el valor del proyecto.

Una batería puede conservar el 70 % de su capacidad y cumplir su garantía. Lo que necesitamos saber antes de comprarla es si, en esas condiciones, seguirá cumpliendo con nosotros.

Límites de esta nota

Esta revisión se basa en tres documentos públicos de garantía que pude consultar completos. Sus condiciones no representan a todo el mercado y pueden diferir de las negociadas para un proyecto concreto. Se omiten los nombres de los fabricantes porque el propósito es examinar el método de evaluación. La referencia del NREL corresponde a 2022; el análisis del caso español no incorpora una estimación del coeficiente de firmeza.

Douglas Rosales Baptista, fundador y director técnico de Kyklios. Ingeniero civil con máster en energía solar. Desde el lado del propietario ha llevado en Portugal la hibridación con baterías de 624 MWh sobre una cartera solar en operación, y en España el desarrollo de 226 MWh de almacenamiento para hibridar una cartera existente.

Fuentes